
Sacerdote y abogado Carlos Perez alerta del peligro de la plataforma religiosa que propone el Partido Independentista para la libertad religiosa.
Este es la propuesta sobre la religión del partido independentista: promoción de un estado laicista (no habrá “acomodo razonable” de la libertad religiosa en ninguna instancia), silenciamiento de la libertad religiosa en el sector público (capellanias religiosas, espacios religiosos en actos públicos, está propuesta confunde molestarme la expresión religiosa en general y coacción) eliminación de la ley de las iglesias – escuelas; reducción del fenómeno religioso a su contribución cívica a sectores vulnerables (el estado limitará sus relaciones con las iglesias en el contexto del llamado tercer sector); reducción “de facto” de las cláusulas religiosas a la cláusula Separación de la Iglesia y el Estado (la jurisprudencia constitucional norteamericana ha entendido la cláusula de separación que está al servicio de la libertad religiosa, no al revés, por eso ha desarrollado doctrinalmente y estatutariamente el escrutinio estricto); imposición de la perspectiva de género en la educación pública, y “sugerirlo” en la educación privada universitaria.
Despierten, compañeros, y exijan a los partidos el respeto del estado de derecho sino nuestras libertades están en peligro. Esta propuesta no se plantea los derechos conquistados por la libertad religiosa en nuestro sistema colonial.
Plataforma del PIP
DERECHO A LA LIBERTAD DE RELIGIÓN Y CULTO
Los gobiernos coloniales durante más de seis décadas han procurado el apoyo electoral de ciertos sectores religiosos de nuestro país, que luego son retribuidos con trato preferencial una vez se asume el poder. Esa dinámica ha operado siempre en detrimento de la separación que debe existir, por imperativo constitucional, entre las iglesias y el Estado.
El PIP reconoce la importancia del ejercicio cúltico y religioso, y reconoce además la importancia de las distintas comunidades de fe, como cuerpos dinámicos, componentes de un sector esencial en nuestra sociedad. El PIP también reconoce que las organizaciones con base en la fe aportan valiosamente al desarrollo social de Puerto Rico. No obstante, el PIP promueve un gobierno laico, que no favorezca ni adelante el ejercicio de un culto religioso particular, en perjuicio de otros.
Entendemos que, como parte del ejercicio de sus derechos fundamentales, los funcionarios y funcionarias del Estado no dejan de disfrutar del derecho a la libertad de culto por el mero hecho de su elección o designación. Por eso, quienes representen al Estado o sirvan al público a través de las estructuras estatales deben respeto a la diversidad de creencias religiosas en nuestro país en el ejercicio de sus funciones. Observamos con gran preocupación la progresiva erosión del respeto a la diversidad de ideas religiosas por parte de la clase política colonial, al punto que se ha llegado a incurrir en la Asamblea Legislativa, en conducta abiertamente sectaria y proselitista a favor de determinadas denominaciones religiosas.
A la luz de lo anterior proponemos:
Que la figura directiva de la Oficina para las Iniciativas de Fe y Base Comunitaria sea sustituida por una figura que sirva de enlace entre el Estado y sus dependencias, con el llamado Tercer Sector u organizaciones de base comunitaria en general, independientemente de su orientación cúltica o religiosa, o su orientación laica.
Fortalecer los reglamentos de nuestras distintas agencias públicas para restablecer el debido balance entre el derecho individual a la libertad de culto y la obligación constitucional de las agencias y sus funcionarios y funcionarias de tratar a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, independientemente de su fe particular o falta de ella.
Derogar la Ley Núm. 33-2017 conocida como Ley de Iglesias-Escuelas.
Por: Rene Pereira Jr.


